El grado de represión y brutalidad de las autoridades del Estado de México, está llegando a niveles dictatoriales, es imperativo la atención de los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, pues en México se vive una profunda crisis de impunidad, que permite a las autoridades actuar prepotentemente y sin apego absoluto a la ley, desquebrajando una vez más el estado de derecho.
Hace unas horas fue brutalmente detenido, torturado y amenazado de muerte el reconocido periodista de Crónica, Daniel Blancas, quien ha realizado múltiples y ejemplares investigaciones, más no obstante ha sido criminalmente agredido por parte de altos funcionarios del Estado de México, quienes, acostumbrados a ejercer el fascismo como su típico método, reproduciendo la misma prepotencia que se ha puesto de ejemplo desde los más altos niveles de gobierno.
Así como Eruviel manda granaderos para encerrar y despojar por la fuerza a indígenas de sus territorios, aún sin tener papeles en regla para una autopista de Grupo Higa; así los comandantes de Zinacantepec, Jorge Peña; de Lerma, de apellido Olín; y de Toluca, Víctor Everardo Bringas, amedrentaron, agredieron y encerraron a un periodista sólo por intentar entrevistar a los dueños anteriores al terreno donde se construyó el túnel para liberar a Joaquín El Chapo Guzmán.
¿Qué más esconden? ¿A qué más le temen?
El periodista fue amenazado de muerte en reiteradas ocasiones, ejerciendo una tortura psicológica combinada con empujones y otro tipo de agresiones.
Daniel Blancas refiere que posteriormente fue encarcelado por varias horas, por órdenes expresas de “Isaac Carrera”, probablemente refiriéndose al Fiscal Regional de Toluca, ISAC OMAR CARRERA MUÑOZ, perteneciente a la Subprocuraduría General del Estado de México.
Los uniformados del Estado de México, además, como también suelen serlo, se expusieron en su calidad de ladrones, robando el dinero y tarjetas que tenía en su cartera el periodista.
Cabe preguntarse para que, o para quienes están trabajando los uniformados y las autoridades de gobierno del Estado de México; el cual cada vez da más muestra de aproximarse a un estado fallido, equiparable a lugares como Siria o Irak, donde el gobierno es ausente, o simplemente un criminal más.
A continuación reproducimos íntegro el artículo de Daniel Blancas tras su libración:
“— ¡De periodistas como tú, están llenos los panteones! –sentenció el hombre, rifle en mano.
Y olió a miedo…
—Sólo hago mi trabajo.
—De todas maneras te va a llevar la chingada.
Al sujeto lo llamaban Samuel –aunque en la averiguación previa aparece con el nombre de Jorge Peña—. Y más tarde se sabría que es comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el municipio de Zinacantepec.
Entre él y otros tres efectivos de la dependencia habían empujado a este reportero hacia el interior de un vehículo judicial con placas MTH4157. Eran Leonel Vargas, jefe operativo; un comandante de apellido Olín, encargado del municipio de Lerma y Víctor Everardo Bringas, un subalterno de Isaac Carrera, fiscal de Toluca, también presente en el lugar y quien en realidad orquestaba y consentía las intimidaciones.
Todo ocurrió en el patio de la casa de don Calixto Estrada Castillo, referido por ejidatarios de la zona como el último dueño de la obra negra donde, dicen las autoridades, desembocó el túnel de escape de Joaquín El Chapo Guzmán, en la colonia Santa Juanita Centro.
El enviado de Crónica acudió al lugar –en el municipio de Almoloya de Juárez- en busca de entrevistarlo, de encontrar más datos. La casa, de un patio grande por donde circulan todos los días decenas de tráilers en trabajo de carga, está ubicada a un kilómetro del Penal del Altiplano, en dirección hacia Lerma. Ya estaba ahí la comitiva de la Procuraduría mexiquense, en interrogación hostil a la esposa de don Calixto: doña María Teresa, y su nuera.
Había pues que acercarse a la escena…
— ¿Quién es usted? Identifíquese –pidió el comandante Olín.
—Voy a identificarme, pero con las dueñas –fue la respuesta.
La intención de entregar a doña María Teresa una hoja de papel con todos los datos reporteriles derivó en una embestida mayor.
—No tienes nada que hacer aquí, es mejor que te largues.
“Por favor, no queremos problemas, tenemos pequeños en casa, se asustan”, era la súplica de la nuera de don Calixto, pero vinieron los atropellos y las amenazas.
Primero los empujones fueron en dirección hacia el vehículo reporteril, pero luego cambió la orden:
—¡Mejor nos lo llevamos, a ver de qué lo acusamos! –dijo uno de los comandantes.
—Soy reportero, aquí está mi credencial del medio. Y tengo además un gafete de la Policía Federal que también me acredita como prensa: está mi nombre, y el del periódico –mostré a la distancia.
Las identificaciones fueron arrebatadas, lo mismo el teléfono móvil y un cargador…
—¡Te vamos a dar unos buenos madrazos! –amedrentaron.
Eran alrededor de las 15:30 horas. La retención en el vehículo duró casi tres horas. Más allá de las seis de la tarde, otro de los jefes pidió refuerzos.
—¡Llévenselo… a la mierda!
Fueron los momentos de mayor inquietud: de soledad y de pensamientos sombríos. Por ratos de fe, de abrazos imaginarios con la familia, de un porqué sin respuesta… ¿Qué ocultaban?, ¿qué protegían?
La incertidumbre desvaneció cuando, después de más de una hora de trayecto, asomó la sede central de la PGJEM, ya en la ciudad de Toluca. Comenzaba otra zozobra: la de enfrentarse, cara a cara, con la desaseada procuración de justicia, con la corrupción, con la manipulación, con la ineficacia. Un retrato fiel de la gestión del Procurador Alejandro Gómez Sánchez.
La incomunicación duró seis horas: más allá de las 21:30 horas, al fin, la primera llamada…
Lo que siguió fue un vaivén de voces, declaraciones; un trajín de oficinas y papeleos. Y a quitarse la ropa, con el argumento de posibles lesiones.
Aquel gafete de prensa de la Policía Federal era el sustento de la averiguación en contra:
—Lo acusan de usurpación de funciones, de ostentarse como efectivo de la PF –informó el Ministerio Público María de los Ángeles Osorno, ya de madrugada.
—Pero ahí dice prensa, está el nombre del medio –se objetó en vano. Y también resultaron inútiles las llamadas, la presentación de diarios, los testimonios a favor.
—Voy a ordenar que le tomen fotografía y huellas dactilares, que lo fichen –dijo la MP.
— ¿Por qué tanta saña?
—Se lo voy a decir, pero aquí en corto: no tengo duda que usted es reportero, y tampoco dudo del gafete, pero son órdenes de arriba.
— ¿De quién?
—Del fiscal Isaac Carrera –balbuceó.
Quien declaraba en contra era Austroberto Aquilino, un elemento ministerial que no había participado en la detención, pues llegó al sitio sólo para el traslado.
— ¿Por qué me denuncia, si ni siquiera estuvo presente? –le pregunté en un lapso de la espera.
—Me lo ordenan los jefes, ¿qué puedo hacer?
Elena Corrales, asesora del fiscal Carrera, intentó modificar la declaración ministerial del reportero, en especial los párrafos donde se señalan los nombres de los comandantes que participaron en las tropelías.
“Esto se lo voy a quitar, porque usted está en su derecho de presentar cualquier reclamación, pero cuando quede libre, ahora limítese a describir lo del gafete”.
Si no se suprimió el relato fue por la intervención milagrosa de dos defensores públicos.
—Usted no tiene derecho a quitarle nada –dijo uno de ellos a Corrales.
A las 4:30 de la madrugada se culminó el expediente.
— ¡Bájenlos! –fue la orden en plural… Se encontraban detenidos también Cecilio Estrada Castillo, hermano de Calixto, el presunto dueño del predio. Y Felipe Vázquez, otro de los vecinos.
Se alistaba ya otro traslado… incierto.
— ¿A dónde vamos ahora? –fue la pregunta lógica, desesperada.
—No tienes derecho a saber.
El destino, de manera increíble, fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México.
Sumaron ahí nueve horas de espera: de las seis de la mañana a las 15 horas, cuando se decretó la libertad. Se dio por extraviada la cartera, tarjetas de crédito y débito. Jamás fueron entregadas por las autoridades mexiquenses a la PGR.
El MP federal encargado del asunto refirió que la carpeta de la PGJEM “no tenía ni pies ni cabeza, es un ridículo, no hay elementos delictivos. Estos del Estado de México, en lugar de ser ayuda, se han convertido en un obstáculo para estos días posteriores a la fuga del Chapo”…”
